Hace un par de años, la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA) firmó el Acta 323, un acuerdo con el que México se comprometió a, básicamente, pagarle a Estados Unidos con agua a cambio de infraestructura hidráulica.
Se trata de una actualización al Tratado Internacional de Aguas firmado en 1944 entre ambas naciones, y que estipula un intercambio de este líquido: de esta manera, México daría a Estados Unidos agua de la cuenca del Río Bravo, mientras que Washington le cedería agua del Río Colorado, el cual fluye por Colorado, Utah, Arizona, Nevada y California.
Sin embargo, con este nuevo acuerdo México ya no estaría recibiendo agua de Estados Unidos, sino inversión en infraestructura hidráulica, mientras que el país vecino sí seguiría recibiendo agua de México.
De acuerdo a datos obtenidos por Reporte Índigo, el Acta 323 parece proponer entonces una nueva forma de pago y por eso ha sido muy cuestionado. Primero porque la venta de agua es ilegal y segundo porque afectaría en sobremanera a los habitantes del Valle de Mexicali, en Baja California.
Varios medios de comunicación han reportado que los agricultores de la zona mencionada han denunciado que este acuerdo empeoraría el problema de escasez de agua que sufren desde hace ya un tiempo. Los campesinos históricamente han rechazado al Acta 323. Las denuncias de los agricultores han llevado a la mesa el debate sobre el tratado, "por consolidar nuestros mecanismos de cooperación encaminados a un manejo eficiente de los recursos compartidos, el abastecimiento de agua, el desarrollo de la región y la preservación del medio ambiente". Además, los actos violentos no sólo por el Estado Mexicano, también los campesinos desesperados por la escasez del agua.
"Este acuerdo da certidumbre a las operaciones hidráulicas de México y Estados Unidos y brinda a nuestro país una herramienta de planeación para el manejo de los recursos de este río, que le asigna el Tratado de Aguas desde 1944. Este acuerdo estará en vigor hasta el año 2026”.
También aseguraron que en las negociaciones se tomaron en cuenta las observaciones de científicos y organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, ni agricultores ni residentes del Valle de Mexicali fueron tomadas en cuenta para la renovación del acuerdo, quienes temen que el intercambio pactado entre ambos países (aunado a otros conflictos locales, como la construcción de una cervecera en la localidad) provocarán que en una o dos décadas se presente una crisis productiva y que muchas familias se queden sin trabajo en el campo.
Lo que México pagaría con agua
Según el medio citado, el cual tendría una copia del acta, México cedió 283 millones de metros cúbicos de agua a cambio de 31.5 millones de dólares. Este monto sería usado en la región norte de Baja California para lo siguiente:
• Revestimiento de canales
• Conservación a nivel parcelario
• Conservación de vasos reguladores
• Pago por el descanso de tierras de cultivo
• Modernización y tecnificación de riegos
• Mejoras en la operación del sistema
• Creación de humedales
Además, se plantearon proyectos para incrementar el intercambio de aguas, como la creación de tres plantas desalinizadoras: en la costa del Océano Pacífico, Río Nuevo, y en el Mar de Cortés.
También se estableció que, aunque hubiera reducción en el flujo de agua se considerará que Estados Unidos cumplió con su parte del tratado.
“Se considerará que los Estados Unidos han cumplido con sus obligaciones de entrega a México, de conformidad con el Tratado de Aguas de 1944 durante la vigencia de esta Acta, independientemente de cualquier reducción o ajuste al programa de entregas a México conforme las estipulaciones de esta Acta", dice el documento en poder del medio.
A costa del Senado
Hace un par de años, el senador Marco Antonio Blásquez presentó un punto de acuerdo para que el titular de la SRE, Luis Videgaray, rechazara el contenido del acta, asegurando que afecta el interés nacional por autorizar la venta del agua.
El legislador recordó que la venta del líquido no forma parte de las estipulaciones originales del tratado de 1944 y advirtió que modificaciones como ésa tenían que ser aprobadas por la Cámara de Senadores y que, primeramente, eran competencia exclusiva del Ejecutivo (en este caso, Enrique Peña Nieto).
Su propuesta pasó a la Comisión de Recursos Hidráulicos para ser analizada.
Sin embargo, el Acta 323 se firmó sin haber sido aceptada por el Senado. El tratado, en otras palabras, no llegó a la Cámara Alta pese a que tenía que ser revisada por legisladores antes de ser firmada por el entonces presidente de la Republica. A falta de competencia del Ejecutivo al no ser aprobado por el Senado, estamos ante un proceso de firmas de tratados ilegales.
Salud y larga vida.
Tomado y fuente; Daniela Razo Carrillo.
Profesor por Oposición de la Faculta de Derecho de la UACH.
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