Hace dos meses, la ONG Global Witness reportó que 212 líderes indígenas y defensores del medioambiente fueron asesinados en todo el mundo en el 2019. Se trató del número de muertes, relacionadas con esa categoría, más alto registrado en un solo año. Dos tercios de aquellos crímenes sucedieron en América Latina, que ratificó a esta región como la más peligrosa para los defensores de la tierra. Pero con el impacto de la pandemia, todo hace indicar que las cifras de violencia contra los pueblos originarios serán todavía más críticas en el 2020.
Ben Leather, responsable de campañas de Global Witness, explica en esta entrevista por qué la pandemia ha profundizado el riesgo de las comunidades que protegen sus territorios, y cómo la propagación de la enfermedad ha generado una evolución de tácticas para quienes intentan silenciar a los defensores y desarticular sus roles. Todo esto, según precisa, en medio de una evidente falta de compromiso de los gobiernos para la atención a los pueblos indígenas amenazados y la irrupción de más actividades perjudiciales en estas comunidades.
¿Hay una tendencia al incremento de la violencia contra líderes indígenas o defensores del medioambiente en este 2020?
Nosotros hacemos una verificación de todos los casos anuales justo antes de publicar nuestro informe. No tenemos en este momento cifras verificadas para este año. Estas cifras no las tendremos hasta el año que viene. Lo que tenemos es un registro cualitativo de casos que nos reportan organizaciones de diferentes regiones del mundo. Según ese registro y ese análisis cualitativo, lo que queda claro es que la situación no está mejorando en el año 2020.
¿Cuánto ha influido la pandemia en esta agudización de la violencia contra las comunidades indígenas?
Con el Covid-19 estamos documentando una evolución de las tácticas utilizadas por los estados y las empresas para reprimir a los defensores y defensoras de la tierra y el medioambiente. Por ejemplo, Colombia es el caso más claro donde se han documentado asesinatos de defensores y defensoras que estuvieron en condiciones de cuarentena como cualquiera otra persona. Los grupos armados que estaban buscando a esos líderes sociales para agredirlos sabían exactamente dónde encontrarlos porque ellos estaban en sus casas en situación de cuarentena, como cualquier otra persona. Por lo tanto les fue fácil identificar su ubicación y llevar a cabo el asesinato.
Otro fenómeno que se ha documentado, no solo en América Latina sino a nivel global, es el hecho de que varios procesos judiciales han sido congelados debido al impacto del virus.
Entonces, algunos defensores criminalizados han continuado encarcelados por periodos mayores de los que debían tener. Simplemente no están funcionando los tribunales para liberarlos de los cargos que les han sido atribuidos en procesos de criminalización. En algunos países han liberado a presos para que haya más espacio en las cárceles; pero los presos políticos, entre ellos los defensores ambientales, no han sido liberados.
En otros países también se ha dado el abuso de la restricción del movimiento, de la libertad de expresión. Estas limitaciones han sido impuestas supuestamente para controlar el impacto del virus, pero creo que están siendo un abuso para restringir indebidamente la protesta social.
En Colombia se ha reportado que ya hay más de 70 líderes indígenas asesinados en el año, en México las comunidades denuncias hostigamiento constante y en Honduras cuatro defensores medioambientales fueron secuestrados. ¿América Latina será de nuevo la región con mayores índices de violencia contra los pueblos originarios?
Lo que está claro es que para que no sea la región más afectada, y para que los países que has mencionado no lideren esa triste lista de países con pueblos originarios más violentados, sus gobiernos tendrían que posicionarse claramente en contra de este fenómeno. También comprometerse no solo a proteger a los defensores ambientales sino a poner fin a las causas fundamentales de esta violencia. Pero desde la publicación de nuestro informe no solamente no hemos visto un compromiso claro, o un reconocimiento claro, por parte de los gobiernos de estos países, sino que hemos visto lo contrario.
En Colombia el gobierno no se pronunció cuando publicamos nuestro informe. Creo que un país con el número de asesinatos de líderes sociales y defensores y defensoras indígenas que tiene, debería hacer una declaración de preocupación y compromiso de combatir este fenómeno. No hemos visto eso.
En México, peor aún, hemos visto lo contrario. Hace unas semanas el presidente y su portavoz hicieron declaraciones sin fundamento cuestionando el financiamiento de grupos ambientales de ese país. Sabemos que este tipo de estigmatización, normalmente, es el primer paso que coloca a los defensores y defensoras en situaciones de riesgo graves.
En Honduras no ha habido ninguna respuesta adecuada por parte del Estado ante la desaparición de cuatro líderes garífunas, y se ha visto una obstaculización constante en el proceso judicial contra el supuesto autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres.
Entonces, lo que estamos viendo es que las señales que emiten esos gobiernos en este tema son las contrarias a las que tendrían que dar para proyectar que sus países no estarán en nuestras listas (de países con mayor número de líderes indígenas asesinados) el año que viene.
¿Han identificado, en los reportes que han recibido, si la minería sigue siendo la actividad extractiva más perjudicial para las comunidades nativas? ¿Hay otra que haya cobrado relevancia el 2020?
La minería, lamentablemente, ha sido el sector más asociado con asesinatos de defensores y defensoras ambientales y de la tierra desde hace ocho años, cuando comenzamos a publicar nuestras cifras. Lo que se ha documentado ahora es que hay una asociación creciente del sector del agronegocio. Este fenómeno forma parte de los casos que nos han llegado este 2020. Por lo tanto, Global Witness y organizaciones de distintas regiones estamos aumentando nuestra injerencia para que los gobiernos reglamenten con eficacia el comportamiento de las empresas y hagan una diligencia adecuada en identificar y prevenir ataques contra líderes sociales, y defensores y defensoras ambientales.
Indígenas asentados a orillas del Pariamanu, en Madre De Dios (Perú), son amenazados por mineros ilegales.
¿Han detectado dentro de los reportes recibidos si el desplazamiento se presenta como una consecuencia de la violencia que enfrentan los defensores ambientales?
Sí, bueno nosotros no manejamos cifras sobre eso. Colombia es un caso ejemplar porque hubo desplazamientos forzados como parte del conflicto nacional en ese país. Sin embargo, desde que se firmó el acuerdo de paz, varias comunidades han intentando regresar a sus tierras, pero al llegar encontraron nuevos grupos armados controlándolas. En algunos casos, hallaron que el control era por parte de empresas extractivas. Es decir, las comunidades previamente desplazadas no pueden retornar a sus tierras debido a la violencia que se está usando para controlar ciertas zonas del país. Ahora no tenemos cifras sobre nuevos casos de desplazamiento, lo que sí es cierto es que las personas desplazadas por conflictos ligados a la tierra aún no pueden regresar debido a que estos conflictos continúan a pesar del acuerdo de paz. Me imagino que en otros países, como México, por ejemplo, se podría identificar el mismo fenómeno.
¿Cuál es el impacto del desplazamiento para un defensor ambiental o comunidad indígena, principalmente, en términos económicos, psicológicos, culturales?
Los asesinatos representan el punto más fuerte de una gama de tácticas utilizadas por parte de empresas y gobiernos para amenazar y silenciar a quienes alzan la voz. Eso es precisamente su objetivo: silenciar a los defensores, callar la protesta y poder proteger sus intereses sin que haya un cuestionamiento por parte de la sociedad.
El desplazamiento va a implicar que un defensor o defensora simplemente no esté en la comunidad que está defendiendo, no está en la tierra que está defendiendo y, por supuesto, eso hace que su trabajo sea más complicado.
La criminalización es otra práctica bastante eficaz para desarticular el movimiento y congelar el trabajo de los defensores. Lo que vemos es que varias organizaciones, en lugar de estar defendiendo la tierra y el medioambiente, deben defender a su colega criminalizado, tienen que sacar a su colega criminalizado de la cárcel. Y eso implica muchos recursos humanos, económicos, legales que deberían estar dirigidos a su lucha principal, es decir, a la defensa del medioambiente o la tierra.
Entonces, el efecto de todas estas tácticas, desde el desplazamiento, pasando por la criminalización, hasta las amenazas, es el congelamiento del trabajo de los defensores, y la desviación de sus recursos hacia la protección o autoprotección en lugar de que sean dirigidos a la defensa de sus derechos.
¿Cuál es la evaluación de Global Witness con respecto a la atención o desatención de los gobiernos hacia las poblaciones indígenas en esta pandemia?
Hay bastante documentación por parte de las ONG en países como Brasil, donde hay grandes poblaciones indígenas. Y han encontrado primero una situación de mayor vulnerabilidad, precisamente, debido a la marginalización histórica de estas comunidades. Ya hemos visto a nivel global que cualquier población marginalizada tiene una situación de mayor vulnerabilidad ante esta crisis de salud.
En segundo lugar, sabemos que varios pueblos indígenas han vivido de una forma bastante autónoma. No han estado expuestos a estos tipos de virus. Por lo tanto, cuando hay invasiones de sus tierras, personas de fuera llevan el virus a la comunidad. Y, por supuesto, si un pueblo está luchando para sobrevivir ¿cómo van a tener los recursos y las medidas para defender su tierra? No se puede separar el impacto de este virus sobre su activismo.
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