Teresa González Parra defiende su derecho a soñar. Ella es rarámuri y por años ha hecho todo lo posible para que su comunidad, Bosques de San Elías Repechique, logre el reconocimiento de su territorio ancestral. Su otro anhelo está a un paso de hacerse realidad: abrir un taller de costura comunitario.
La construcción del taller, que tiene un avance del 90 por ciento, se detuvo el pasado 13 de agosto. Ese día alrededor de 15 policías del estado de Chihuahua clausuraron la obra e intentaron detener a Teresa González. La indígena rarámuri tiene una demanda en su contra; el empresario Fernando Cuesta la acusa de haberlo despojado del terreno donde se construye el taller.
“No quieren que construyamos aquí nuestra casa (el taller) que es de la comunidad. No quieren porque nos dicen que (el terreno) es de otro señor… Pero nosotros (los rarámuri) somos los primeros que somos de aquí”. Es la voz de Teresa; su vestimenta colorida contrasta con la serenidad y fortaleza que muestra cuando habla de las agresiones que, desde hace décadas, enfrenta su comunidad.
El 13 de agosto de 2020, policías del estado de Chihuahua clausuraron el taller de costura comunitario. Foto: Patricia Mayorga.
Los habitantes de Bosques de San Elías Repechique —municipio de Bocoyna, al norte de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua— han luchado desde hace décadas para que no les arrebaten las tierras de las que tienen posesión, pero no los documentos que avalen la propiedad.
En su reclamo por el reconocimiento de su territorio ancestral, la comunidad indígena ha enfrentado a empresarios de la región, a “chabochis” —como los rarámuri les dicen a los mestizos— que aseguran ser los dueños de buena parte del territorio y a quienes la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha entregado permisos de aprovechamiento maderero, pese a los reclamos y denuncias de los indígenas.
Apropiarse de un bosque ancestral
En la Sierra Tarahumara, a muchas comunidades originarias no se les reconoció su territorio ancestral durante la Reforma Agraria, explica el biólogo Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) y de la organización Política y Legislación Ambiental (Polea A.C.).
Esa falta de reconocimiento provocó, entre otras cosas, que gente externa a las comunidades originarias se apropiara de los territorios y también aprovechara los recursos naturales de esos lugares.
Al igual que Bosques de San Elías Repechique otras comunidades sostienen luchas históricas por su territorio ancestral y recursos naturales. Algunas de ellas son Choréachi y Coloradas de la Virgen en el municipio de Guadalupe y Calvo, las cuales han sido acompañadas por la organización Alianza Sierra Madre.
Choreachi logró llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en marzo de 2017 emitió medidas provisionales para toda la comunidad, con el objetivo de salvaguardar la integridad física de sus habitantes. Y Coloradas de la Virgen es la comunidad indígena que más líderes asesinados ha aportado en la lucha por el territorio.
En el municipio de Carichí, comunidades como Baqueachi, acompañadas por la organización Bowerasa, ha ganado ocho juicos agrarios contra caciques. El último fue en mayo de 2018, cuando recuperaron 350 hectáreas de agostadero y 100 hectáreas agrícolas que ya estaban devastadas.
En el caso de Bosques de San Elías Repechique, hace más de cuarenta años, empresarios de la región adquirieron 12 propiedades —poco más de 11 mil 500 hectáreas—, sin importar que esas tierras ya eran habitadas desde mucho tiempo atrás por los rarámuri, explica Diana Villalobos, directora de Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), organización que da acompañamiento legal a la comunidad.
De esos 12 predios, ocho han obtenido permisos de aprovechamiento forestal en forma constante. “Desde que era niña veíamos camiones que llevaban bolillos (troncos); que cortaban pinos. Nos quejábamos con los gobernadores (líderes indígenas), pero nunca les hacían caso. Han seguido cortando el bosque, también se llevan las piedras”, explica Teresa González.
Los nombres de quienes aparecen como dueños de esos ocho predios, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua, son: Manuel Navarro Trieste (predio San Javier), Mireya Ayala Torres (predio Rinconcito Lejano o Batuivo), Carlos Aguilar Pérez (predio La Merced), Lorenzo Sandoval Valenzuela (predio Aguizania), Pedro Parra Ramos (predios San Antonio y Gomegó), Laila Miledi Pérez (predio Pino Gordo) y Fernando Higinio Cuesta Miledi (predio El Venado).
Los mismos datos de la Secretaría de Desarrollo Rural muestran que, tan solo en 2019, esos predios registraron volúmenes de aprovechamiento maderable que van de los 326 metros cúbicos de madera (predio La Merced) hasta los 1 213 metros cúbicos (predio San Javier).
Quienes aprovechan la madera de Repechique no viven en el lugar, solo mandan trabajadores a cortar los árboles; tampoco realizan acciones que garanticen la recuperación y el cuidado del bosque.
“Los que talan, ellos no cuidan nada”, dice indignada Teresa González. “Por ejemplo, cuando hay incendio normalmente nosotros, los de la comunidad, somos los que estamos más al pendiente y los que talan nomás lo que buscan son los pinos o donde hay bosque muy cerrado, por ahí entran. Donde está muy escondido, ahí se van a talar”.
Al preguntarle sobre las denuncias de los rarámuri, el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chihuahua, Gustavo Heredia, respondió que no está autorizado para dar esa información, solo a través de las oficinas centrales.
Mongabay Latam solicitó entrevista a la oficina de prensa de Semarnat, pero hasta el momento de la publicación del reportaje no se tuvo respuesta.
“Todos somos Teresa”
El predio Pino Gordo, que comprende poco más de 2 500 hectáreas, está a nombre de Laila Miledi Pérez, de acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno de Chihuahua. Es dentro de la superficie de ese terreno en donde las mujeres de Bosques de San Elías Repechique construyen su taller de costura y por el que Teresa González está demandada por despojo.
El día en que los policías estatales llegaron por ella y colocaron los sellos de clausura, la comunidad la protegió. “Todos somos Teresa”, respondieron. Los agentes advirtieron que los arrestarían a todos; los rarámuri no bajaron la guardia: “Todos somos Teresa”, repitieron.
Alrededor de 50 mujeres, hombres, niñas, niños y adultos mayores caminaron por el sendero de terracería que va de la comunidad a la carretera. Siguieron andando durante cerca de dos horas hasta llegar a la ciudad de Creel, donde se encuentra la oficina del Ministerio Público. Los acompañaron dos abogadas de Contec, entre ellas Diana Villalobos.
Algunos medios locales publicaron lo que ocurría. Cuando la caravana de Repechique entró a Creel, los policías de la Fiscalía General del Estado los dejaron. Los indígenas decidieron ir a la plaza principal; ahí esperaron durante más de media hora al agente del Ministerio Público, quien les dijo que ya no tenía la carpeta de investigación, por lo que tendrían que ir a Cuauthémoc, municipio ubicado a tres horas de Creel.
Hasta mediados de agosto, las abogadas que acompañan a la comunidad no han logrado tener acceso al expediente. La Fiscalía General del Estado informó a Mongabay Latam que Fernando Cuesta Miledi es quien demandó a Teresa González.
Al día siguiente, el gobierno estatal emitió un comunicado en donde aseguró que los indígenas de Repechique nunca fueron arrestados y que, por su seguridad, los resguardaron hasta Creel. Sin embargo, cuando los rarámuri regresaron a su comunidad ninguna autoridad los resguardó, pese a que era de noche y caminaron por una zona donde existe una fuerte presencia de grupos de la delincuencia organizada.
Mongabay Latam contactó a Fernando Cuesta Miledi para entrevistarlo sobre la denuncia y la compra de predios en la comunidad de Bosques de San Elías Repechique. En entrevista telefónica aseguró que su familia compró esas tierras en la década de los sesenta y que tienen evidencia de que, desde hace más de 150 años, los terrenos han pertenecido a particulares.
El predio Pino Gordo, señaló, lo adquirió su tío Salomón Miledi Pérez en 1961; quién se lo dejó a él y a otros sobrinos. Otros dos predios, El Águila y El Venado, los adquirió en esa misma época su papá, Gregorio Cuesta.
Para el empresario, la comunidad Bosques de San Elías Repechique no vivía en el lugar hasta hace pocos años. “El juez no dice que ellos son dueños de las tierras o que sean propietarios de ciertas tierras. No tienen nada que compruebe que ellos son los dueños de esas tierras… A nosotros nadie nos ha quitado la propiedad, nadie nos ha dicho en un juicio que no es nuestra, nadie nos ha dicho que no nos pertenece en ninguna forma”.
Fernando Cuesta acusa a la comunidad indígena de usar la madera, de los árboles que están en los predios que reclama de su propiedad, para construir sus casas. “Nosotros no podemos talar un solo árbol si no están autorizados por la Semarnat, por la Conafor”.
Cuesta señala que la denuncia contra Teresa González Parra la interpuso porque ser ella quien promovió el proyecto del taller de costura. “Si tienen algo que comprueben por qué están invadiendo el terreno, que resuelva el juez, y acatamos”.
Denuncias que se quedan en el aire
Luis Enrique Pérez, segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, recuerda lo que le decían sus abuelos y padres: “La historia cuenta que cuando llegó el tren (a la Tarahumara) comenzaron a tumbar los árboles. También llegaron muchos aserraderos y ponían a trabajar a las personas de una manera muy violenta”.
Los mayores también le contaron que las personas que llegaban de fuera les quitaban su producción de maíz: “Mis ancestros tenían que levantar la cosecha antes de tiempo, antes de que llegaran a quitarles. Otras personas murieron por defender. Ha sido una lucha muy triste. Cuando estaba chiquito, me decían: ‘vamos por la carretera, si ves personas mestizas, escóndete’. Crecimos con ese miedo”, dice el joven rarámuri.
Como segundo gobernador de Bosques de San Elías Repechique, Luis también tiene la responsabilidad de seguir con las demandas que, desde hace décadas, han puesto otras autoridades tradicionales para reclamar el derecho a su territorio ancestral, pero también para denunciar la tala en el bosque donde ellos siempre han vivido.
Las denuncias por la tala se han presentado en diferentes instancias, tanto federales como estatales, pero la gran mayoría no han prosperado.
“Ha sido muy difícil, porque nuestra palabra y exigencia no ha sido respetada. Pero cuando vienen personas de fuera, como el caso que pasó aquí con el taller de costura, llegaron ministeriales y luego luego cerraron. Y nuestras exigencias ahí están, vamos y venimos y pura vuelta. A veces ni siquiera nos hacen un documento, nada. Vamos al Ministerio Público y nada más nos oyen, nunca ha habido una resolución”, resalta Luis.
La extracción de árboles no cesa. El corte de pinos sigue, incluso, durante la temporada de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19.
La comunidad, por su parte, hace uso del bosque como les enseñaron sus abuelos: recolectan quelites, hongos y madera para hacer leña. Tienen veredas que utilizan para el pastoreo de animales. Han creado zonas donde se encuentran sus centros ceremoniales, donde hacen sus juegos ancestrales.
Luis Pérez explica por qué su defensa del territorio es también una defensa del bosque: “Los árboles retienen la tierra. De otra forma, sería pura laja y no tendríamos ni dónde sembrar. Los árboles detienen la humedad, que no haya deslave. Ya hay partes que están secas por los incendios o por la tala indiscriminada. Hay lugares donde casi no hay tierra para sembrar. Ya hay una zona que mucho tiempo talaron, ahora casi no hay tierra, hay muchas manchas ya en la comunidad”.
A los rarámuri que viven en Bosques de San Elías Repechique les preocupa la deforestación que hacen los mestizos, porque cada vez hay menos agua.
En varias ocasiones han solicitado a la Semarnat que cancele los permisos de aprovechamiento forestal que se han otrogado en el área. Solo en una ocasión la dependencia federal canceló los permisos, pero fue de manera provisional. Eso sucedió cuando la comunidad consiguió una victoria en la lucha por la defensa de su territorio.
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