En el marco del II Informe del Gobierno federal y la salida de Víctor Toledo Manzur de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), miembros de organizaciones civiles coincidieron en la urgencia de que la administración de Andrés Manuel López Obrador vire hacia políticas transversales para la protección del medio ambiente por encima de intereses económicos que incluyan a la agroecología, la transición energética y el respeto a los derechos y usos y costumbres de las comunidades indígenas.
“El tema del cambio climático ha sido ignorado por la Presidencia; es un tema que desconoce el Presidente. México no está pudiendo avanzar en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, como lo acordó en el Acuerdo de París, por el foco rojo que es la política energética retrógrada”, dijo Adrián Fernández, director de la Iniciativa Climática de México.
El programa Sembrando Vida, dijeron, es más social que ambiental. En 2019 se registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario en el país desde que el Global Forest Watch empezó su monitoreo en 2002, sobre todo en Campeche y Chiapas.
“El cuidado del medio ambiente y el combate al cambio climático deben ser parte de todas las políticas públicas de este Gobierno, con mayor énfasis en los sectores energético, agroalimentario y de transporte, tres sectores clave para la recuperación socioambiental y económica del país”, dijo Aleira Lara, directora de campañas de Greenpeace México, luego de entregar en Palacio Nacional un día antes del Informe una misiva firmada por más de 35 mil mexicanos que piden un plan de recuperación pospandemia que considere la crisis climática.
Sin embargo, apenas el viernes 28 de agosto, el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Diálogo y Movimiento, Indignación, Fundación para el Debido Proceso Legal, entre otros, fueron objeto de “difamación y hostigamiento”, por acompañar a personas defensoras del territorio ante la implementación del Tren Maya en el sureste del país, coincidieron en un comunicado decenas de organizaciones civiles de diferentes estados del país respecto al señalamiento de que el financiamiento de fundaciones internacionales a organizaciones civiles es “para oponerse” al megaproyecto de la Península de Yucatán.
Romel González, miembro y fundador del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil que presentó un amparo contra el Tren Maya en el tramo de esa zona, afirmó que los miembros de su organización tienen una trayectoria de más de 20 años cuando no existía ni el partido Morena y, aclaró, el financiamiento legal de fundaciones internacionales que reciben es para “lo que no hace el Estado mexicano” como fomentar la agricultura, el turismo, la nutrición y capacitaciones.
“Nos señala como los malos de la película en lugar de dar respuesta a todos los señalamientos que hemos hecho al proyecto, como la Manifestación de Impacto Ambiental y el desplazamiento que ocasionará a las comunidades. En Candelaria se desplazarán más de 2 mil personas y no dice nada de eso. Los han amenazado de que los van a reubicar”, dijo Romel, quien aclaró que el amparo presentado por no haber sido consultados de manera libre, previa e informada aún no llega a la sentencia, pero la suspensión definitiva “generó molestia” del Gobierno federal.
La Semarnat, dirigida ahora por María Luisa Albores González, tiene pendiente aprobar o no la Manifestación de Impacto Ambiental Regional del Tren Maya presentada por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Descarga de aguas residuales en playas de Acapulco, Guerrero. Foto: Cuartoscuro.
Dolores Rojas Rubio, de la Fundación Heinrich Böell, comentó que este año es complicado de evaluar la “política ambiental” del Gobierno federal por la presencia de la pandemia, la cual evidenció la urgencia de un cambio en ese rubro. “Es un llamado de atención. La pandemia misma es resultado de estas formas de consumo y destrucción de bienes comunes”, dijo.
Durante el Segundo Informe de Gobierno en Palacio Nacional, el Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a agredir a los defensores del medio ambiente. “Por convicción, hemos decidido cuidar el medio ambiente como nunca lo hicieron los anteriores gobiernos, y lo más interesante, ni lo demandaron los seudoecologistas que tanto nos atacan”, dijo.
En otro comunicado conjunto, las organizaciones aludidas exigieron al Presidente de la República una disculpa pública porque, expusieron, atacar su labor no solo implica una grave violación al universal derecho a defender los derechos humanos, sino también invisibiliza que son las y los integrantes de las propias comunidades quienes se oponen a un proyecto que viola sus derechos humanos al territorio, un medio ambiente sano, al agua, al consentimiento libre, previo e informado, a la salud, a su vivienda, a su hábitat y a la vida.
“El Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales. No fue decidido por el pueblo maya ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar con el acompañamiento de las organizaciones civiles”, acusaron.
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